PROYECTO DE LEY DE RESCATE LABORAL

 (11/11/2021) - El proyecto presentado por la Diputada Nacional,

Mónica Frade, de la Coalición Cívica Ari (Juntos por el Cambio) busca impulsar que beneficiarios de planes sociales sean contratados por pequeñas y medianas empresas mediante un sistema de doble beneficio para empresarios y trabajadores.

Este proyecto tiene como objetivo posibilitar un doble beneficio: al beneficiario del plan y, a la vez, a las pequeñas y medianas empresas que encontrarán en esta normativa un estímulo concreto para la contratación, al que simultáneamente necesitarán capacitar para lograr mejores resultados en el ámbito de la empresa. El estímulo de la norma alcanza a grupos etarios que pugnan por su primer empleo, pero también al segmento de edad en riesgo al no ser alcanzado por el beneficio de un haber previsional, por ausencia de años de aportes suficientes.

 

Según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), en el segundo trimestre de 2021 la Tasa de Actividad (TA) sobre la población económicamente activa alcanzó el 45,9 % y la tasa de empleo se ubicó en el 41,5 %.

 Otro dato no menor, es que el salario del sector registrado, medido en dólares, se encuentra en el punto más bajo, desde el año 2008.  En este contexto, resulta imprescindible comenzar a transitar el camino inverso, generando condiciones para que el trabajo registrado acuda al rescate de una mano de obra que ha perdido calificación laboral. Se busca invertir el éxodo de un empleo a la supervivencia de un plan social.

 

Con relación a las ventajas para el trabajador, encontramos que concretamente, el proyecto estipula que “cuando el trabajador contratado fuera beneficiario de la Asignación por Embarazo o Universal por Hijo para Protección Social, dichas asignaciones se reemplazarán por la Asignación Familiar”, es decir, que no se perdería el plan social.

Por otro lado, con respecto a los beneficios que tendrán las pequeñas y medianas empresas que contraten bajo lo que estipula esta norma, está que el empleador que contratare bajo esta modalidad, abonará por cada trabajador sólo el 50 % de las contribuciones patronales hasta un máximo de dos años, contados desde el inicio de la relación de trabajo. Por último, sentencia que será el Poder Ejecutivo Nacional el que adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada, en resguardo de los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social.

Acompañan este proyecto los Diputados Nacionales Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, María Lucila Lehmann, María Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Laura Carolina Castets, Luis Mario Pastori, Jorge Ricardo Enriquez, Hernán Berisso, Héctor Antonio Stefani, Alberto Asseff, Ximena García y Julieta Marcolli.