LA COSA PUBLICA Y LA ASOCIACION ILICITA

                                                          Por el doctor Ricardo J. Cornaglia (*) 

(extracto de la nota  editorial de la revista “la defensa” del Inst.de Estudios

Legislativos de la Fed. Arg. de Colegios de Abogados) -              El fallo del 17 de septiembre del 2018,  en la causa caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ Asociación Ilícita”, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 11, a cargo del doctor Claudio Bonadío, procesa por graves delitos de corrupción a altos funcionarios públicos e importantes dirigentes empresarios, a raíz de probados negociados en las obras públicas.

Su importancia jurídica es singular. Este juicio sacude las entrañas mismas del Estado de Derecho y pone a prueba al poder judicial argentino, al mismo tiempo que expone la complejidad del acceso a la justicia cuando son comprometidos los poderes políticos nacidos de la democracia representativa y sus vinculaciones con los poderes económicos constituidos.

 Institutos nuevos y a prueba, se están llevando a la práctica procesal penal en esa causa judicial. Y el tipo de asociación ilícita para delinquir, cuando en su configuración entra en connivencia la administración de la cosa pública, reclaman el más amplio debate posible a dar, con respeto del ejercicio del proceso, tanto en la acusación, como en la defensa.

Nuestra objetividad, no puede ser sólo jurídica, puesto que los valores que entran en juego hacen a la esencia misma de República. Forman parte de una ciencia política no bastardeada. Sirven a una economía incorrupta.                                                                 Los que creen que este tipo de proceso no tiene antecedentes en nuestro país, deberían tener en cuenta la historia de nuestra sufrida sociedad.

Recordar desde la época de la Colonia, el tráfico de esclavos, las arribadas forzosas y el contrabando organizado desde el funcionariado colonial, como vía de escape de la plata del Potosí. El rol que le cupo a la Cámara de Comerciantes ingleses creadas a poco de la revolución de mayo y su influencia en la cosa pública.  Las campañas del desierto, con el exterminio de los pueblos originarios y la apropiación de las tierras por una clase latifundista. Los negociados de los ferrocarriles y de la industria frigorífica, que culminó con las denuncias de Lisandro de la Torre  y el asesinato en el Senado de la Nación, de Enzo Bordabehere; los de la venta de la tierra pública, incluso los terrenos del Palomar, para Campo de Mayo, que provocaron el suicidio del diputado Víctor Guillot; los negociados de la CHADE con los que se construyó la Casa Radical; los negociados del IAPI y  el supuesto suicidio de Juan Duarte; la historia de la deuda externa y la nacionalización de la deuda privada por un plumazo del Presidente del Banco Central, la privatización de la empresas que explotan los riquezas naturales y esenciales para el ejercicio de la soberanía nacional, entre ellas la entrega de YPF y los apoderamientos  sistemáticos de empresas, organizados con intervención de las cúpulas de las  tres fuerzas armadas y los distintos servicios de informaciones, durante las dictaduras surgidas de los golpes de 1966 y 1976.

Lo original que puede llegar a tener este juicio, es que el mismo se cumpla hasta el fin, a partir de los principios más inmaculados del proceso, y que cuando se haga justicia, el pueblo asimile culturalmente, el sentido final del vivir honesto en el difícil y costoso trajinar de la democracia.    (*) Presidente del I.D.E.L.)