DERECHO A LA VERDAD
(25/10/2021) - El pasado 18 de octubre, la Asociación Civil por la
Luego de la muerte del expresidente
Carlos Menem, uno de los principales investigados en esta causa, se vuelve
urgente que el Poder Judicial resuelva de forma definitiva el caso, se priorice
el derecho de la comunidad a conocer la verdad y se lleven adelante las
investigaciones necesarias sobre las falencias en la tramitación de la causa.
La Corte Suprema tiene a estudio la
absolución por exceso de plazo razonable dictada por la Sala I de la Cámara de
Casación en 2018. Allà los jueces Catucci y Riggi sostuvieron, entre otras
crÃticas al trámite, que “todo ello
ocurrió por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica
investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes”.
Sin embargo, pese a la identificación de
graves demoras, no se inició proceso disciplinario alguno que permita dilucidar
las responsabilidades de las y los magistrados intervinientes. Luego del fallo
de la Cámara de Casación, el expediente llegó a la Corte Suprema y recibió
dictamen del Procurador General solicitando que sea revocada la sentencia y se
ordene dictar un nuevo fallo, pero hasta la fecha no tuvo sentencia.
En la reciente presentación de ACIJ se
le solicita al Alto Tribunal resolver una causa que tiene a su estudio -por
segunda vez- desde hace más de tres años y se le pide a la Corte que remita las
actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación (algo que también
deberÃa hacer con el Ministerio Público Fiscal) para que se dé inicio a una
investigación capaz de determinar las responsabilidades que puedan caberles a
las y los magistrados que tuvieron a cargo esta causa desde sus comienzos, por
haberla tramitado en violación de los plazos legales previstos.
A su vez, se le requirió a la Corte que
exhorte al Consejo de la Magistratura a elaborar un informe detallado con los
resultados de esta investigación para ser presentado al conjunto de la sociedad
en pos de garantizar el derecho a la verdad de la ciudadanÃa y un adecuado
ejercicio del deber de rendición de cuentas.
Se trata de un caso extraordinario y los
jueces de la Corte deben entenderlo de esta forma, a fin de evitar que estos
hechos sigan sucediendo indefinidamente en un futuro.
La corrupción es una de las graves
problemáticas que afronta nuestro paÃs y su impunidad es condición de
posibilidad para su perpetuación. La adopción de medidas concretas respecto del
accionar de quienes permitieron que esto ocurra, es un paso imprescindible para
que comiencen a producirse cambios relevantes.
El caso en cuestión constituye una
afrenta extraordinaria a nuestro Estado de Derecho.
Que haya tramitado un expediente durante 26
años sin que se haya logrado llegar a una sentencia firme implica un enorme
fracaso del Poder Judicial de la Nación. El caso a su vez involucró a un ex
Presidente de la Nación, que dirigió el Poder Ejecutivo durante diez años y
medio, y sobre el que aun habiendo fallecido a edad muy avanzada no se pudo
conocer su responsabilidad penal. Pero, además, se trató de un delito cometido
en relación a otros Estados nacionales y en perjuicio de otros, por lo que la
impunidad generada por nuestro sistema judicial representa también una deshonra
internacional.
Es difÃcil realizar un cálculo económico
del costo que generó la tramitación de un expediente que tiene más de
doscientos cuerpos, pero sin duda se trata de una fortuna para el erario
público, lo cual resulta inaceptable para una investigación que está a punto de
quedar en nada. Por último, la circunstancia de que el propio sistema judicial
haya determinado que existieron irregularidades e incumplimientos procesales por
parte de los encargados de producirla, pero no se haya ordenado una
investigación para determinar responsabilidades, implica también una
preocupante falla del sistema.
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