EL MUNICIPIO NO QUIERE CENSAR A LOS CABALLOS

(30/05/2019) - El fallo obtenido por la Asociación civil “Caballos de Quilmes”, en el marco de una medida cautelar que buscaba el cumplimiento de la Ordenanza 11840/2012 que impide la tracción a sangre y que, fundamentalmente, iba a ser utilizada para colocarle un chip a los animales que circulan por la Ciudad, fue apelado por el Municipio de Quilmes. Así lo informó la entidad que vela por  los equinos maltratados.

A través de un comunicado, Caballos Quilmes señala que “La triste jornada del viernes, en la que decenas de carros con caballos atados se manifestaron en las puertas del Palacio de Justicia, se coronó con la decisión tomada por la Municipalidad”.

Esa Asociación, a través de su letrado, Leonardo Barnabá, tomó vista de los argumentos con los que la administración Molina decidió apelar y expresó: “Es paradójico que el Estado municipal apele un fallo que lo obliga a cumplir una norma que el mismo Estado generó.
“La ordenanza está vigente. Ciertamente, no está reglamentada después de  siete años de haber sido promulgada. Pero esa falta de reglamentación, absolutamente atribuible al gobierno

municipal, no puede impedir que la Justicia atienda el reclamo para su aplicación”,.

Leonardo Barnaba, letrado de Caballos de Quilmes, sostuvo: “Hemos respondido a los argumentos del Municipio que son, en principio, muy débiles. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que tendrá la última palabra.

El letrado explicó que “La Municipalidad dice, básicamente, que no puede aplicar la norma porque no está reglamentada. Aquí entramos en un callejón sin salida, por cuanto solo el Municipio puede reglamentarla. Si no lo hace, incumple su función.

 El Legislativo quilmeño sancionó una norma y debe ser cumplida ya que además, el Ejecutivo pudo haberla vetado y no lo hizo. ¿Como entendemos entonces la situación?”.

Ya en otro tramo de las argumentaciones que expuso el Municipio, Barnabá  explicó: “Dicen además, que haber hecho lugar a la medida cautelar, avanzó sobre la cuestión de fondo y eso es falso. La ordenanza tiene muchísimos puntos y nosotros solo pedimos -y logramos en primera instancia-   que se cense a los animales con un chip que permita saber de qué población actual hablamos y su estado. La diferencia es muchísima”.

Más adelante, el letrado lamentó que el Ejecutivo Municipal “Gaste recursos y tiempo en detener la aplicación de una norma a la que está obligado, en lugar de avanzar en lo que resolvería este flagelo: un censo, el reemplazo de los animales, la mejora en las condiciones de trabajo de los recicladores informales y el fin de la matanza diaria de equinos”.

“La Cámara tiene ahora la última palabra y deseamos que se la deje trabajar en paz y sin presiones callejeras que en nada colaboran con la solución de los problemas”, concluyó en referencia a la marcha que los carreros realizaron a las puertas del Juzgado que otorgó la cautelar.