CAUSA MAYRA MENDOZA
Se suman sospechas por movimientos de fondos por $ 60 millones y la compra de una clínica.
En el
marco de la investigación a cargo del juez federal de Quilmes, Luis
Armella, se reconstruyó un primer mapeo de operaciones financieras entre ex
funcionarios y empresarios proveedores del municipio a cargo de Mayra Mendoza.
Esa trazabilidad inicial se realizó en base a dos voluminosos informes de la
AFIP y de la UIF.
Un
conjunto de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) alertaron al organismo
antilavado. A eso se sumaron préstamos entre los imputados y con las
cooperativas bajo investigación, que para la justicia expone “un complejo
entramado que expone posibles maniobras de lavado de dinero y por eso se busca
confundir el recorrido de esos movimientos de dinero”, indicaron fuentes
judiciales a Clarín.
Para los
investigadores, estamos ante “una trama que involucra a exfuncionarios del
Municipio de Quilmes, quienes son parte o tienen control sobre
cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por
parte de la administración Mendoza”.
La cifra
inicial bajo investigación es de 535 millones de pesos, pero la justicia
comenzó a observar que el dinero podría ser ampliamente superior.
No todo
se circunscribe a los contratos para mantenimiento de los espacios públicos y
recolección de residuos por parte de las cooperativas bajo sospecha de
ser usadas para el presunto desvío de fondos públicos, sino que los datos de
sus dirigentes se entrelazan con quienes integran otras sociedades, con la
firma de de acuerdos comerciales, y a su vez con empresarios que figuran como
proveedores de la Municipalidad de Quilmes tanto de forma directa como por
intermedio de sus compañías.
A esa red
de nombres y empresas, ahora se sumó otro dato reflejado en un informe de la
UIF: la compra de una clínica en Quilmes, donde una de las
operaciones supera los 60 millones de pesos. Como parte del dinero aportado
para dicha adquisición figura Martín Bordalejo, ex empleado de Quilmes
y socio del ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa. Ambos comparten
diversos emprendimientos, como las firmas Canton Tower Gestiones
Integrales y JD Vitruvio. Sobre ambas firmas la justicia pidió información
societaria como financiera.
En esa
firma JD Vitruvio, aparece Alejandro Scozzari, un empresario
comparte sociedades offshore en Miami en el extranjero con
Bordalejo, que fueron desactivadas cuando el escándalo tomó estado
público a través del sitio web El Disenso.
A su vez,
Sccozzari también es dueño de The Wolf Building S.A, firma
constructora a la que la municipalidad de Quilmes le
adjudicó obras por 88,3 millones de pesos.
La
justicia detectó que hubo más movimientos de fondos a través de Bordalejo, y
comienzan a verlo como el puente con diferentes cooperativas que fueron
beneficiadas por la administración de Mayra Mendoza. Los reportes de
operaciones sospechosas de la UIF muestran transferencias de dinero por parte
del empresario para la compra de una clínica. Una operación que según fuentes
del caso, superaría los 60 millones de pesos.
Para
clarificar la situación, el juzgado envió oficios a diversas entidades
bancarias ante los llamativos movimientos de fondos que reflejan los informes
sobre Bordalejo: retiros importantes de dinero, transferencias,
depósitos por sumas significativas. El listado incluye aportes
millonarios declarados ante la AFIP que realizó el empresario, pero no cuentan
con una contraparte. “Hay operaciones que no se condicen con su respaldo
documental”, explicaron fuentes del caso.
Martín
Bordalejo presentó un escueto escrito señalando que no cometió ningún delito y
que nunca constituyó empresas en Miami, como se investiga. Para los
investigadores, sin embargo, tiene “ vinculación y aportes monetarios en
diferentes operaciones y constitución de empresas”, que están sospechadas de
operaciones de lavado.
De la
información recabada, se observó que hay otro conjunto de empresas vinculadas a
los imputados en el expediente, que no estaban en el radar del expediente.
Sobre ellas se pidió información fiscal y a las escribanías
intervinientes, para que detallen la integración de las mismas, entre
otros datos.
“Hay una red
de préstamos entre algunos imputados y empresas, y éstas a sus vez le
hicieron préstamos a las cooperativas. Hay entregas de fondos de las
organizaciones a personas físicas, que no se condicen entre sí. No hay
correspondencia entre las declaraciones juradas ante la AFIP y los movimientos
financieros”, indicó una fuente del caso, exponiendo el complejo entramado
financiero sobre que buscan clarificar.
Hay que
recordar que Bordalejo figura en algunas cooperativas como autoridad, y en
otras con firma autorizada para las cuentas bancarias. Esto último consta en un
informe de AFIP que se entregó al juez Armella en mayo. Otro punto de conexión
es su domicilio declarado en Quilmes que comparte con un conjunto de
cooperativas.
Tres de
esas organizaciones recibieron contratos entre 2020 y 2021 -algunos
menos en el transcurso de este año- por 535 millones de pesos. Al
investigar una por una las cooperativas, la justicia dio con otros datos
relevantes: Muchas de las entidades tienen vínculos con familiares de Bordalejo.
Por
ejemplo, Julio Bordalejo (el padre) quien figura como tesorero de la
Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Limitada que recibió de la
municipalidad 82,7 millones de pesos por dos contratos de recolección
de residuos, podas y desmalezado, en junio de 2021.
También
figura la madre de Bordalejo, Susana Orellano, en la Cooperativa
de Trabajo El Progreso, según los informes comerciales que recibió el juez.
Dicha organización fue adjudicataria de tres contratos por 63.187.548
pesos para tareas de fumigación y control de plagas, una red secundaria
cloacal y la adquisición de hormigón.
Los
préstamos que Bordalejo declaró ante la AFIP también fueron considerados
como "inconsistentes y sospechosos". Declaró haber
recibido préstamos por 58.250.000 pesos en 2020. “Entre sus acreedores se
encuentran Martín Leonel Borgio, proveedor del Municipio de Quilmes (le
prestó 19,5 millones) y The Wolf Building, que le prestó 21,4 millones de
pesos.
Ante el
fisco, Bordalejo declaró que recibió dinero de la Cooperativa de Trabajo Barrio
Unido Limitada por 3.600.00 pesos. También se determinó que Sebastián Raspa -el
ex funcionario del municipio- le prestó 7.350.000 pesos.
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