La Salada; DATOS, NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CORRUPCION
(21/06/2017) - En
La madrugada de hoy, se produjo un megaoperativo por las irregularidades y delitos en torno a
la Feria clandestina “La Salada” de Lomas de Zamora. Tras más de cincuenta
allanamientos, fue detenido Jorge
Castilllo (el Rey de la Salada) y
cicuenta personas mas.
Al respecto, cabe destacar que el 17 de mayo último,
la Diputada Nacional Elisa Carrió
presento una denuncia con los siguientes
términos: “En mi condición de Diputada de la Nación; vengo receptando
información variada y, por distintos canales; que invariablemente remiten a una
orfebrería que proporciona cobertura y garantiza impunidad a ciertos sectores
implicados en actividades delictivas; delimitados en las zonas geográficas de
Lanús y Lomas de Zamora.-
En el marco de ese esquema, el que es materia de otra
presentación; se encuentran visiblemente implicados tres actores: el sector
policial, el judicial y el político.-
A-DATOS ESTADISTICOS y CONTEXTO del DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA:
Preliminarmente destaco que los datos estadísticos que
a continuación detallo, son oficiales, colectados en el marco del sistema del
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. (www.mpba.gov.ar).
Asimismo paso a detallar que de las 719.728 (2015)
investigaciones criminales y
correccionales iniciadas en la Provincia de Buenos de Buenos Aires, gran parte
de ese porcentaje pertenece al Departamento Judicial de Lomas de Zamora
manteniendo una alta supremacía delictual con 122.037 investigaciones
iniciadas.(departamento de estadísticas. Procuración General).-
Este Departamento Judicial, resalta por varias cuestiones.
Una de ellas es por la Seccional 10 de Ingeniero
Budge; no sólo detenta la mayor
densidad en delitos dolosos (homicidios), sino por recurrentes conflictos relacionados a su ubicación territorial
(Puente La Noria), rodeada por diferentes asentamientos y el mercado ilegal más
grande del país: la Feria “La Salada”.
En esa Seccional, . Tres de los últimos comisarios dejaron sus cargos en
medio de denuncias por corrupción. En el 2013 cinco policías fueron separados,
acusados de armar causas. Un año después un comisario y cuatro oficiales fueron
acusados de “apremios ilegales”. El último escándalo fue protagonizado por el
abuso sexual de una mujer dentro de la comisaría. Es la zona más conflictiva,
pero al mismo tiempo puede decirse que, la más codiciada. Codicia
directamente vinculada a la “Caja negra”: permisos de funcionamiento a puestos ilegales,
narcotráfico y la piratería del asfalto.-
Miembros de la Agrupación Red
de Seguridad Democrática y vecinos de Ing. Budge se manifestaron frente a la
comisaría local para reclamar la intervención de la dependencia policial y
reiteraron las denuncias por abuso policial, la violencia, el armado de causas
y el pedido de coimas.”(www.inforegion.com.ar)
Tal vez, lo más interesante de resaltar: las
escasas investigaciones que terminan en elevaciones a juicios y condenas por
esta clase de delitos.
La explicación podría ser “…cuando acá aparece una
denuncia contra la comisaria de Budge, lo más habitual es que comience a sonar
el teléfono de dirigentes y funcionarios políticos interesados…en Octubre de
2014 en el juicio oral en el que fueron condenados cinco efectivos de esa
comisaría por armar causas y extorsionar…el por entonces ex jefe distrital de
Lomas Norte comisario Nicolás Ordaz reconoció ante los jueces del Tribunal que
a los comisarios se los designa SOLO con el acuerdo de la Justicia y el
Municipio.”(7/1/2017www.diarioconurbano.com)
De estos extractos podemos comenzar a esbozar que la
conexión policial, judicial y política, cuanto menos, es muy cercana.
B-ANTECEDENTES JUDICIALES:
En el año 2014 la Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires aprobó la creación del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús,
tal vez con el propósito de descomprimir la alta conflictividad señalada y de
alguna manera, dividir la masa poblacional intentando asegurar una mejor
administración de justicia.
El propósito pudo haber sido noble, pero lo cierto es
que, el engranaje judicial del conurbano encontró allì un refuerzo para dar
cobertura a la trama de negociados que recorre esa geografía. Ya mencione, La
Feria de La Salada, como espacio reconocido para la venta de drogas, armas y
trata de personas.
En este esquema, la influencia de un Juez Federal de Morón con competencia
en medio ambiente; fue decisiva para presentar a su ahijado el Dr CARLOS ROMAN
BACCINI; miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Magistrados y
Funcionarios de Lomas de Zamora , como mejor exponente para centralizar
todas las causas de La Salada y poder capitalizar el entramado
policial y político.
El soporte político fue fundamental, para que la Fiscalía General de Lomas
de Zamora, suscribiera la Resolución Nº 31 bis el 27 de Abril del año
2015 mediante la cual dispusiera que todas las causas relacionadas de manera
directa o indirecta con dicha Feria -incluso
las ya iniciadas- se radicaran en la fiscalía del Dr CARLOS BACCINI.
Mediante esa curiosa centralidad, los
funcionarios provinciales y municipales se aseguraron, un solo canal de diálogo
y la complicidad e impunidad con los dos “líderes territoriales” de esa
Feria: Enrique “Quique” Antequera y Jorge
Castillo (“El Rey de La Salada”), y los no formales, a cargo de
Barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de
drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes.
Los penosos “resultados” de esa concentración para
retener todo lo que se investigaba en esa geografía; y ciertos casos de
intervenciones cuanto menos oscuras, denunciadas en los medios, no fueron óbice
para que el Fiscal Carlos BACCINI, recibiera su premio y fuera
ternado para Camarista Penal del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.
Es muy probable que estos armados políticos y
judiciales se hayan rubricado en los asados de Quique Antequera realizaba en su
bunker de calle Beruti y Belelli en Banfield (CP 1828) donde los fiscales y
funcionarios políticos ni siquiera estacionaban en la puerta, ya que su portón
eléctrico les aseguraba la inmediatez y discreción de estacionar dentro del
predio.
“El último sábado apareció Quique Antequera el hombre
fuerte de la salada local a saludar a Cristian Ritondo…el acercamiento y la
buena relación podría solucionar los problemas que tienen en lomas de Zamora…”(24/4/17
lapoliticaonline.com)
La
Resolución Nº31 bis fue la ofrenda política y el canal de negociación a
los líderes territoriales de La Salada; al tiempo que retuvo en ese Fiscal,
toda la responsabilidad por la ineficacia y/o encubrimiento que emana de
esos datos reseñados.
CASO I:
Una feriante, la señora Liliana Herrera, es llevada a
un vehículo particular, en cuyo interior había personal de la Comisarìa de Ing.
Budge. Según su denuncia, el propio sub Comisario Eliazar Omar Beckman y otros oficiales, la intimaron a pagar 5000 pesos por
trabajar en la Feria, ante la negativa utilizaron todo su poder para privarla
ilegalmente de la libertad y abusar sexualmente de ella. Los hechos fueron
investigados por la Fiscalía n 8 de Lomas de Zamora, que logró detener, de
inmediato, a los responsables por los delitos de extorsión, privación ilegal de
la libertad y abuso sexual. La Fiscalía General intercedió, le extrajo la causa
a la fiscalía 8 y se la remitió a la Fiscalía 15 de Carlos Baccini. Lo que
sigue es lamentable, pero refleja los hechos de complicidad que vengo
bosquejando, ya que la única prueba que se agrego fue la del personal
policial y por supuesto, que luego de la intervención del Dr. Baccini, los
detenidos, recobraron la libertad.
Los sucesos posteriores fueron reflejados con precisión en la edición
del día 04/12/2016 por el diario Clarín, sección policiales, pag 64:
“…Liliana Herrera tiene un puesto cerca de La Salada. Fue secuestrada por
policías, que la detuvieron ilegalmente 5 horas y abusaron de ella. Los
denunció y al mes los liberaron….Cuando le dijeron que los policías a los
que había denunciado por secuestro y abuso sexual estaban a punto de quedar
libres, Liliana Herrera decidió irse lejos. Viajó más de 2.800 kilómetros.
Desesperada, recorrió ferias en las que se mezclaban comidas típicas y
artesanías con sanadores y videntes. Visitó iglesias y subió los 1.399
escalones para llegar al Cristo de la Concordia, en la ciudad boliviana de
Cochabamba. Sintió que había encontrado algo de paz, aunque una respuesta se
repetía cada vez que le leían el futuro en las hojas de coca: “Tu vida está en
peligro”. Esa era la misma sensación que tenía Liliana desde el 1° de junio,
cuando escuchó por primera vez una frase que le sigue retumbando en la cabeza:
“Vas a aparecer flotando en el Riachuelo”. Ese día un patrullero blanco la
sorprendió en la feria que se arma miércoles y sábados sobre la avenida Olimpo,
cerca de La Salada, en Lomas de Zamora. Tres policías la llevaron hasta la
comisaría 10° de Ingeniero Budge. Allí la tuvieron durante más de cinco horas
sin registrar su ingreso. En su declaración denunció todo tipo de amenazas y
acusó al jefe de la seccional de haberla abusado. Tal como contó Clarín, dos
semanas después fueron detenidos dos policías: el subcomisario Eliazar Amaro
Beckman (45) fue acusado de “privación ilegítima de la libertad”, “extorsión” y
“abuso sexual gravemente ultrajante”; al oficial Gerardo Ibarra (30) le
imputaron los dos primeros delitos. Ambos fueron liberados un mes más tarde,
luego de que la jueza de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora,
Laura Ninni, les concediera sorpresivamente la excarcelación. Es que en medio
del proceso, la causa cambió de manos: pasó del fiscal Leonardo
Kaszewski a Carlos Baccini, quien centralizaba 17 expedientes vinculados a La
Salada y a la comisaría de Budge.
Al momento de
pedir la prisión preventiva, Baccini mantuvo la acusación por privación
ilegítima de la libertad, al considerar que los policías no habían cumplido los
pasos previstos por la ley para registrar una detención. Pero sobre el abuso
consideró que “las nuevas probanzas colectadas con posterioridad no logran
intensificar la sospecha inicial”. (el resaltado es propio)
Entre sus argumentos figuran las declaraciones de una
oficial administrativa y de un mecánico que trabaja para el Ministerio de
Seguridad bonaerense, quienes declararon haber acompañado durante todo momento
a la detenida y no haber visto abusos.
Es decir, el fiscal usó los testimonios de sus compañeros para favorecer a los policías. También incorporó el relato de un puestero que acusó a Liliana de cobrar por protección “en nombre del comisario”.
Es decir, el fiscal usó los testimonios de sus compañeros para favorecer a los policías. También incorporó el relato de un puestero que acusó a Liliana de cobrar por protección “en nombre del comisario”.
En su denuncia, la mujer dio otra versión: aseguró
que los policías la secuestraron para exigirle una coima de 5.000 pesos por
semana. “Me pedían que les sacara 300 pesos a los puesteros y 1.000 a los
locales”, repite ahora, en una nueva charla con Clarín. Su relato es
frenético, atolondrado. Sólo se entrecorta cuando aparecen breves descargas que
mezclan bronca y angustia.
“…Liliana se enteró de la decisión judicial de liberar
a los oficiales por el dueño de un boliche de la zona de Budge con aceitados
contactos con jefes de la Bonaerense. “Cuidate mucho”, le recomendó. Tras esa
advertencia decidió irse. Hacía tiempo que sentía que estaba en peligro. “Se
había acercado gente a la feria para decirme que me iba a arrepentir de
haberlos denunciado. Después descubrimos que un hombre me estaba sacando fotos.
Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sacó una pistola y me dio un culatazo”,
agrega la mujer, madre de dos hijos. Ese episodio quedó registrado en una
denuncia fechada el 7 de julio. En el expediente figura como imputado “NN
Héctor”. “Dije que no sabía el nombre del agresor y me contestaron que entonces
no se podía hacer nada”, explica. A fines de julio Herrera escapó a Bolivia.
“Sentía que estando acá ponía en peligro a mis hijos”, recuerda. Su estadía en
Cochabamba se cortó por una comunicación que recibió desde Buenos Aires.”-
su familia le contó sobre llamados extraños que habían
recibido, de gente que decía trabajar para los fiscales que estaban investigando su denuncia, luego de que a
finales de junio la Fiscalía General de Lomas de Zamora decidiera
pasar las causas vinculadas a La Salada a un cuerpo de instructores
“….Se me vino el mundo abajo. Decidí volver
porque no me gusta estar escapándome”, explica. Cuando se presentó en los
tribunales confirmó su sospecha. “Preguntó si la estaban llamando y la
respuesta fue que no”, confirmaron fuentes judiciales a
Clarín. Las amenazas reaparecieron en octubre. Fue un miércoles de feria.
Liliana cuenta que mientras viajaba hasta la avenida Olimpo tuvo un mal
presentimiento. En el auto sintió ganas de vomitar. Le sonó el teléfono y
escuchó los gritos de Claudio, su esposo. “Lili, nos pusieron”, le decía. De
atrás se sentían los gritos de su hija: “Mamá, me quieren matar”. Cuando llegó
se encontró con una patota que rodeaba la camioneta de su pareja. Adentro,
escondida debajo del asiento, estaba la nena. “Decían que eran los ‘nuevos
cobradores’ y recorrieron todos los puestos amenazando a los feriantes”,
asegura. Según su relato, el grupo estaba comandado por un hombre de gorra que
le rompió su celular y tuvo una charla con un policía que se había acercado,
alertado por los gritos. “Le pasó un teléfono, como si lo estuviera comunicando
con alguien. Después de esa conversación el agente se fue. Me dijo que tenían
banca”, denuncia. No sabe si ese violento episodio tuvo relación directa con la
denuncia que hizo contra los policías. Tampoco si hubo un vínculo con el asalto
y la golpiza que sufrió su papá..."
La clave salvadora para los
uniformados, fue la gestión realizada para extraer la causa de una fiscalía y
remitirla a la fiscalía de Baccini; quien –reitero- peticionó para ellos
prisión preventiva sólo por “privación abusiva de libertad”;
calificación que habilitó la excarcelación de ambos, lo que finalmente decidió
la Jueza interviniente, Dra Laura Nini.
El hecho genero una gran repercusión pública a través de los medios de
comunicación y una serie de presentaciones realizadas en Octubre de 2016 en la Procuración General de la Suprema Corte
de Justicia denunciando estas irregularidades. Entre ellas, Organizaciones no
Gubernamentales de Merlo, Morón y la Red Provincial por Mujeres Libres de
Violencia con sede en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
expresaron a través de su trabajo territorial en Villa Fiorito y Budge los
negociados entre la policía y el fiscal Carlos Baccini.
En el mismo sentido, en noviembre de 2016 otro grupo de vecinos hizo su
denuncia ante el consejo de la Magistratura detallando los aprietes del Fiscal
Baccini para asegurar el trabajo irregular en La Salada.
La situación se tornó inocultable, por lo que se vió obligado a firmar una nueva Resolución -contraria a la
anterior- Nº15/16, y a partir de allí se
centralizaron todas las causas en el cuerpo de instructores de escasa
experiencia, para manejar las causas más conflictivas de la Provincia de Buenos
Aires, aun en contra de lo establecido por la ley procesal y del Ministerio
Público Fiscal.
En poco tiempo, la Fiscalía General observo la importancia política de
manejar estas causas en exclusividad, apartando al Fiscal Baccini, y manejando
TODAS las investigaciones bajo su propio cuerpo de instructores y su dirección.
Sobre la Comisaría de Ing. Budge un acto de básica cosmética; condujo
a la remoción de su cúpula. Según relevamiento del periodista Luis
Moranelli, aparecida en diario Clarìn; esa es la seccional que ha sufrido la
mayor cantidad de cambios en sus jefes.
Lo que no dice la nota es que, por tener competencia sobre esa Feria
–insisto- es la fuente más apetecible de
recaudación, a cambio de no incomodar y/o interferir la trama de delitos que
fluye sin intervención de ningún estamento estatal.-
Allí mandan las cuatro bandas que disputan el poder de la zona: “Los
chaqueños” (barras bravas de river); Barras de San Telmo y Lanús; la Barra
brava de Boca (zona Budge y Lomas de Zamora) y la banda de “Los hermanos
Zárate”.
Varias razones pudieron haber llevado al Fiscal
General a tomar una Resolución de tamaña magnitud, contraria a la anterior:
sobrecarga de tareas, incremento de denuncias penales por coacciones y,
aún el malestar entre los vecinos y los feriantes (algo inocultable).
Lo cierto es que el manejo exclusivo de esas causas prefirió tenerlo el propio
Dr. FERRARI. En ese contexto se produjo el día 14 de junio de 2016, la
Resolución que exhibió en toda su dimensión, lo que esta denuncia viene
exponiendo.-
CASO II:
El día 16 de Marzo del año 2015, en el marco de la IPP N’07-00-052467-14,
a cargo de la UFI N 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, titularidad
del Fiscal Dr Lorenzo Latorre; recepciona la denuncia de vecinos por las
coacciones y amenazas que recibían por parte de los feriantes de La Salada. Por
ello, solicitò la erradicación de todos los puestos, con el secuestro de todas
las estructuras; con el propósito de recuperar el espacio público y el cese de
la afectación de los vecinos denunciantes.
La denuncia no sólo se relacionaba con la ocupación del espacio
público en el sector ubicado desde el talud del Riachuelo y hasta la calle
Newton de la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Esa ocupación
totalmente irregular, conformada por puestos y stand de venta callejera se
habían instalado en las veredas y calles públicas, controlando el acceso,
cobrando “peajes”, amenazando y ocupando las casas víctimas de esa obstrucción.
La feria era conocida como “La Rivera” funcionando en los alrededores de La
Salada, pero no ajena a ella. Lo cierto es que la mayor cantidad de droga,
armas y trata de personas se realiza en esta zona, donde la inseguridad tiene –insisto-
complicidad policial, judicial y política.
Como mencione anteriormente, conforme la Resolución Nº31 bis, la Fiscalía
de Cámara Departamental, le extrajo la competencia a la UFI 4 de La Torre que
había logrado la desocupación y secuestro de todos los puestos de la ribera y
por orden del Fiscal General le remitió la causa a la UFI 15, a cargo del Dr
Carlos Baccini.
En este marco, el nombrado solicitó diferentes pruebas, entre ellas, la
intervención telefónica de varias líneas telefónicas; para supuestamente
individualizar a los autores de los hechos investigados y, el rol que cada uno,
ocupaba en esa organización delictiva.-
Con el tiempo, la investigación parecía desacelerada, para pasar
repentinamente a solicitar una serie de allanamientos. Tales peticiones fueron
rechazadas por el titular del Juzgado de
Garantías Nº8, a cargo del Dr Gabriel
Vitale.-
Lo cierto que el
Fiscal Baccini luego de apelar, consiguió de la Sala III de la Cámara de
Apelaciones y Garantías, donde trabaja el esposo de su Instructora Judicial a
cargo de la causa, le hicieran lugar a los allanamientos solicitados. Resuelta la cuestión, la totalidad de las
causas de La Salada, incluyendo esta; habían pasado a la órbita del Fiscal
Gral. Con esto, la materialización de los allanamientos parecen haber perdido
urgencia, dado que a la fecha de la presente, no se materializaron.-
Causa III:
Lo anterior deviene de la IPP N’ 07-00-023.652-15 por
los hechos cometidos ante el desalojo de La Salada, con intervención del
Juzgado de Garantías Nº 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En
esta causa, el juez Dr Gabriel Vitale, ante la falta de relación entre los
allanamientos solicitados y el objeto de investigación y advirtiendo
la falta de fojas en los legajos de escuchas requirió los audios que daban
sustento a lo solicitado.
El Fiscal Baccini negó la entrega de audios, aduciendo
desconocer su destino; haciendo lo propio el Fiscal General, ordenando refoliar
(o encubrir) las faltantes.
En dichos
audios habría menciones sobre altos funcionarios del Poder Judicial y fiscales.
El 15 de Noviembre
del año 2016, atento a la negativa de remitir (y/o buscar los audios
respectivos) el Juzgado dispuso remitir copias a la Mesa de Entradas
Departamental del Ministerio Público, a los efectos de promover investigación
por el posible delito de acción pública.
La denuncia debe
investigar la/s responsabilidad/es sobre la desaparición de pruebas
esenciales (audio y fojas) que sirven de apoyo para solicitar allanamientos y
detenciones. En la causa intervinieron el Fiscal Baccini y la Fiscalía General
y ambos desconocieron el lugar de resguardo de los efectos.
Pero lo inadmisible, por escandaloso, es que la denuncia por violación de
elementos probatorios haya sido llevada adelante por la propia UFI 15
del Dr. Baccini y por el Juzgado
de Garantías Nº4 a cargo de su propio hermano, el Dr. Esteban Baccini.
Dupla familiar que intenta repetirse en el Departamento Judicial de Lanús,
donde Esteban Baccini será el Juez de Garantías y Carlos Baccini esta ternado como Camarista Penal.- De concretarse, un
hermano revisarà al otro.-
Esta situación familiar está expresamente prohibida por el ACUERDO
N° 3543 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en donde: “…en cuanto a los vínculos de los aspirantes con los titulares
de las dependencias para evitar distorsiones interpretativas…"Los
cónyuges y parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, de los magistrados o funcionarios bajo cuyas dependencias inmediatas
deban prestar servicios…Quedan comprendidos en esta inhabilidad quienes
tuvieran tales vínculos con cualquiera de los magistrados que integren los
Tribunales o Cámaras en los cuales hubieren de prestar funciones ".
La situación ilegal de intentar armar dentro de la Familia Judicial (léase
Juzgado Garantías Lanús, Esteban Baccini y Juez de Cámara Carlos Baccini) en
contra de las propios normativas establecidas por la Suprema Corte, es cuestión
que se aduna a la desaparición de audios y fojas de varios legajos de escuchas,
con posibles vinculaciones de funcionarios públicos MUNICIPALES Y PROVINCIALES,
siendo investigada por los propios sospechados, algo, cuanto
menos, inapropiado. Pero peor aún; esta situación se prolongó hasta que fue expuesta por el diario
Clarín. La edición del día 04/12/2016 sección policiales, pag 64 expuso parte
de todas las anormalidades señaladas.
El estado
público del escándalo, derivó en la excusación de Carlos Baccini por su posible
responsabilidad en los hechos.
Ahora bien, existen fundadas razones que afirman que los audios que
involucran a Fiscales de Lomas de Zamora también desaparecieron de la causa que
lleva adelante la Fiscalía General y el Juzgado de Garantías n° 6 a cargo de la
Dra. Laura Ninni. Estaríamos así, frente
a una situación de gravedad institucional que debería habilitar –con urgencia- la intervención de la Procuración de la
Suprema Corte de Justicia.
Es importante señalar que las situaciones de corrupción, abuso de derecho,
negociones políticas espurias, son denunciadas por periodistas en los
medios de comunicación, más se ha venido registrando, los remedios
institucionales correspondientes. Sería interesante determinar, el porcentaje
de causas elevadas a juicio y condenas en donde han participado personal
policial en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin duda, los
guarismos hablarìan por sí mismos.-
Causa IV:
Ante la falta de audios y fojas de una de las
principales causas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, su exposición
pública, y con ello, la excusación realizada por el Fiscal Carlos Baccini; la
Fiscalía General le remite la investigación para determinar responsabilidades a la UFI 1 a cargo del Dr.
Juarez y de la Dra Giorgi.
La situación es compleja, ya que estos fiscales deben
investigar si desaparecieron los audios en los que podrían estar mencionados
Fiscales y funcionarios, o sea, que estarían investigando por un lado a su
superior inmediato de la Fiscalía General de Lomas de Zamora y vicepresidente
de la Unión de Magistrados; ya que fueron los únicos funcionarios que tuvieron
acceso a esos soportes de audios. Por supuesto, que la posible presión
sobre estos fiscales podría conducir al discreto archivo de la causa.-
El tema debería encontrar respuesta en las propias
instituciones; interviniendo un Departamento Judicial ajeno, no pasible a estas
interferencias.-
OTRAS CAUSAS.
A cargo de Baccini quedaron investigaciones
tales como: el crimen de Gustavo “el
cejudo” Mariano; sucedido en Camino Negro; en los que se
hallaban sindicados como autores a integrantes de la barra de Boca, con los que
la vìctima disputaba el negocio de los puestos y boliches de La Salada.
-El crimen de Pablo Zàrate (hermano de Josè también asesinado);
sucedido en Euskadi y Camino de la Ribera. Pablo Zàrate era
integrante de “la 12” y se enfrentò a balazos con un grupo de desconocidos que
fueron a buscarlo.-
-El crimen de Luis Rodriguez, en una estación de servicio de GNC cercana al
Puente La Noria. Poseìa y explotaba varios puestos en La Salada. El móvil
habrìa sido el control de las trafic en la zona de la Feria y los detenidos
resultan Nèstor Flores y Josè Alberto De Luca.-
-Denuncias de Coria Pedro e Irala Miriam sobre apremios ilegales,
cohecho, privación ilegìtimas de libertad; en el interior de la Feria La
Salada, Angar explotado por Enrique Antequera. Detallaron modalidades
delictivas y el peligroso rol de la agencia ilegal (no habilitada)
de seguridad “VAE SOLI SEGURIDAD PRIVADA SRL, conducida por un Comisario
exonerado Luis Nelson Davalos (contrata y entrega armas ilegales a
los vigiladores; y les asigna nombres y adiestramiento militar)-. Comparten
esto, los propios directivos de URKUPIÑA SA (lèase Antequera). Ningùn resultado.
“Los allanamientos nunca llegan a donde
están los narcos que manejan todo. Siempre agarran a los más pibes o a
perejiles y no cambia nada… Entre septiembre y noviembre del año pasado se
encontraron aquí cuatro cadáveres, todos de jóvenes mutilados, torturados y
acribillados. Sus cuerpos aparecieron en arroyos de la zona. …Los casos fueron
señalados por las autoridades como “ajustes de cuentas” y nadie los
investiga….”(clarín 7/5/17)
Las causas invariablemente reiteran nombres de quienes
directa o indirectamente controlan en la zona el negocio de la droga, armas y
contrabando. Los mismos remiten a vínculos entre barras bravas, políticos,
policía y, un Poder Judicial sin independencia para impartir justicia.
Actualmente se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación, los pliegos
para cubrir cargos en la Cámara de Apelaciones y Garantías Penal del
Departamento judicial de Avellaneda-Lanùs.
En danza, los nombres citados en los párrafos precedentes.-
C-POLICIA- PODER JUDICIAL-POLITICA:
1-Guillermo Castro:
Este
mismo Departamento Judicial, ha premiado al Fiscal General del Departamento
Judicial de Lanùs-Avellaneda. No fue óbice los ocho pedidos de juicio político
que pesaban en sus antecedentes, consecuencia de su pasado reciente como fiscal
del Departamento Judicial de Avellaneda. Uno de ellos abierto a la fecha de su
nombramiento.
Seriamente objetado por vínculos con la Bonaerense; su
ascenso funcional estuvo relacionado al apoyo obtenido por el propio Intendente
de Lanús, el Sr Néstor Grindetti y un
Juez Federal de Morón.-
Su nombramiento mereció una oposición planteada
por un abogado de la matrícula, el Dr. José María López; quien de modo
explícito sostuvo en esa presentación:
“…el agente fiscal Castro a cargo de la Unidad Funcional de
Instrucciòn N’4, descentralizada de Avellaneda, ha sido denunciado en varias
oportunidades y registra pedido de juicio político. Se lo acusa de
falsificación ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado,
peculado de servicios y prevaricato, extorsión, instigación a la comisión de
delitos, cohecho en grado de conato y abuso de autoridad…” (sic).-
La presentación fué realizada por ante la Secretaría Permanente del Jurado
de Enjuiciamiento, en el que recopiló detalles de denuncias que habrían pesado
sobre el hoy Fiscal General.
Por su parte, el
contexto político pasado y actual, no parece favorecer la superación de lo aquí
denunciado.
El Intendente del Partido de Lanús, Dn
Néstor Grindetti, posee entre sus allegados a la función pública y
funcionarios; personas ampliamente conocidas en la zona, no
precisamente por méritos, sino por antecedentes cuestionables y aún
delictivos.-
Esto le fue planteado por la suscripta
hace varios meses, mediante nota ingresada en su propio despacho.-
El portal “Realpolitik” del día 10 de marzo del año en curso; informaba que el
Intendente Grindetti había recibido un correo electrónico el día 2 de julio del
año 2016, en el que se denunciaban ciertas maniobras ilícitas.- La información
continúa mencionando los nombres propios con los que el Intendente reforzó el
equipo que conduce las Cooperativas cuestionadas. Puede leerse: Josè
Luis Corrochano (funcionario del Intendente que lo
precedió); Carlos Ganduglia, ex custodio personal del ex
Intendente de Lincoln Jorge Fernández (acusado de enriquecimiento ilícito y
narcotráfico) y Diego Leandro Goncebate (alias Fanfi).-
Según esa nota, estas personas “…habrían sido identificadas por los
propios vecinos de Villa Diamante y Sapito, como los responsables del cobro de
coimas a boliches y venta de droga en la zona…contarían con el visto bueno de
Diego Kravetz, Secretario de Seguridad de Lanús…”
La nota afirma que Ganduglia es uno de los fundadores de “Hinchadas Unidas Argentinas”, cuyo
referente mayor Marcelo Mallo se encuentra detenido, vinculado al doble crimen
narco de Unicenter (por su propia arma de fuego).- El otro ítem de su CV, no
logra elevar su concepto: custodio del ex vicepresidente Amado Boudou.-
Se adjunta copia de tapa diario Perfil, en el que puede verse a Diego
Leandro Goncebate, en la “comitiva” del viaje a Sudáfrica.
En su reverso, la imagen extraída de su facebook, fechada 12 de abril del
año 2015, lo exhibe promocionándose con una pintada de fondo “La Barra de
la Sapito”,.- El de la imagen lateral derecha, empuñando un arma.-
Se adjunta imágenes de la misma fuente fechadas 25/09/2010 y 24/5 y 27/5/
2015.-
El Diario Digital de Lanùs La Defensa; publicaba el dìa 9 de Mayo del año
2016, una nota titulada: ¿El municipio está en manos de
parapoliciales?, en alusión a Ganduglia; quien oficiaría de
“jefe” de Goncebate y Marcelo Monito Rodriguez.
Ganduglia habìa
sido barrabrava de River.-
El día 19 de Noviembre de 2016 se lo
sindicaba en el mismo portal como “Secretario de seguridad” de
Grindetti y autor de una golpiza a Rosa Zárate, una empleada
municipal, que reclamaba en la apertura de “Expo Lanús”. Finalmente pasó
a organizar una línea interna de la Barra de Lanús; siendo último jefe de
esa barra; carrera que concluyó con una interna dirimida a balazos con el saldo
de un muerto y varios heridos, el día 26 de mayo del año 2012.
Diego
Kravetz es Secretario de Seguridad del Municipio de Lanùs, abogado
monotributista, integrante de dos denominaciones societarias. Daniel
Villoldo es su subsecretario de Seguridad; cuyos antecedentes remiten
a hechos de corrupción. Villoldo fue dado de baja de la Municipalidad de
Esteban Echeverrìa y pasado a retiro obligatorio en el año 2005, luego de una inexplicable
“desaparición” de casi 200 kilos de cocaína que seencontraban bajo su custodia.
¿Con quién trabaja
la hija de Daniel Villoldo?
Por supuesto fue nombrada
funcionaria judicial –auxiliar letrada- del Dr. Esteban Baccini.
A Daniel Villoldo se lo vincula insistentemente con la explotación de prostíbulos.
Tal vinculación no se encuentra acreditada en ninguna investigación judicial;
aunque tan cierto como eso es que, el nombrado contarìa con cobertura judicial.-
Sus relaciones con piratas del asfalto y dueños de boliches en Infracción
(Bailable Kla-A) son secreto a voces en Lanús.
La intermediación de Villoldo hizo posible la reinserción en el Distrito
del ex jefe de la DDI Lanús y Cuarta de Remedios de Escalada, un Comisario
Inspector que habìa sido removido por vinculaciones con explotación de
“kioscos” de venta de drogas. No fué el único funcionario aportado por
Villoldo.
De su mano fue nombrado Mario Andino
como Supervisor General de los móviles de Protección Ciudadana. El día
13 de Septiembre del año 2016, información pública daba cuenta de la detención
del ex Gendarme Andino, por la Policía Federal, mientras intentaba robar
un depósito de Nueva Pompeya, junto a otros gendarmes retirados y otros en
actividad.
Considero oportuno insistir en destacar la conexión judicial política y policial en
zona sur, a tal punto que la joven abogada hija de Daniel Villoldo fue nombrada
funcionaria judicial (auxiliar letrada) por el Juez de Garantías Dr Esteban
Baccini, hermano del Fiscal puesto en cuestión.
Grindetti, Kravetz, Villoldo y los
hermanos Baccini parecen no advertir
este entramado.-
A este capítulo reservé un último caso judicial, no sólo por reciente (del
día 30 de marzo de 2017); sino porque allì se exhibe la brutalidad policial en
toda su dimensión, acontecido en presencia del propio Secretario de Seguridad Diego Kravetz.-
Ese día, un operativo de la policía
local de Lanús, con la presencia del Secretario de Seguridad y Cámaras de TV;
protagonizaron un operativo que culminó con el ingreso de dos docenas de
policías al interior del Comedor comunitario “Sueños Bajitos” de Villa
Diamante, Partido de Lanús.-
So pretexto de detener a un hombre con pedido de captura por homicidio;
rompieron el ingreso a las instalaciones del comedor, en cuyo interior habìa un
promedio de 80 niños; lanzaron gas pimienta; utilizaron armas de fuego,
golpearon a un niño de 2 años, tiraron al piso a una discapacitada de su silla
de ruedas, etc.-
Naturalmente quienes intentaron
defenderse de los abusos, quedaron imputadas por resistencia a la autoridad.-
Previno en esta última investigación la Seccional novena de Lanùs .
Resulta sumamente ilustrativa la consulta de
las constancias obrantes en esa causa (UFI 11, IPP 07-00-019955-17/0, donde en
las fojas 27 a 34 de esa IPP obran declaraciones testimoniales de los
uniformados que participaron del desborde. Cuatro declaraciones idénticas,
reproducidas textualmente.- Ninguno de ellos viò algo distinto, ni en màs, ni
en menos.-
El Operativo estuvo a cargo del Comisario
Inspector Marcelo Gonzàlez, jefe de la Policía local, hombre de
Villoldo como se detallara anteriormente.
Ese operativo desmedido y casi vandálico
fue protagonizado ante la presencia y con participación de: Marcelo
Gonzalez, Diego Kravetz y Daniel Villoldo.-
Los tres
obtuvieron el inaceptable resultado que refleja la denuncia.
ENRIQUE
“Quique” ANTEQUERA:
Enrique ANTEQUERA
es quien explota, por intermedio de la denominación societaria ”URKUPIÑA SA”,
uno de los angares de la Feria de La Salada.
Reitero, su geografía es “protegida” por
la propia policía bonaerense de Avellaneda y Lomas de Zamora; por
penitenciarios y por una agencia de seguridad (funciona como agencia de Tour de
compras), bajo cuya òrbita opera una legiòn de “trabajadores” militarizados, con
portación de armas sin permisos, adiestrados en el “arte” de utilizar gas
pimienta y otras técnicas impropias de un Estado de Derecho (“Vae Soli
Seguridad Privada SRL” con domicilio en calle Santa Fe N’1185 de Ezpeleta,
Partido de Quilmes).-
Su protectorado controla el negocio del
contrabando, pacta protección con la policía, “detiene” y “juzga” lo que
comunmente se conoce como “pungas” o “mecheras”.
Todo esto, sin interferencia
alguna de policía y poder judicial. Respecto de la primera, claramente, ES
PARTE.-
El día 25 de Abril del año en curso,
puede leerse en el link:
La nota refleja, aùn
en imágenes, sobre el vìnculo polìtico que el propio Ministro de Seguridad de
la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habría entablado justamente
con Enrique “Quique” Antequera, como se detallo anteriormente.
De ser esto efectivamente asì, y
confirmarse el vìnculo entre el Ministro de Seguridad y el nombrado; el
círculo de impunidad quedarìa sellado, no siendo esperable ningún
cambio.-
D-Manifiesta.
Dejo expuesta en esta breve síntesis, algunas situaciones, protagonistas y
hechos, merecedores de una urgente y profunda intervención.-
El propósito de la presente es compartir
el conocimiento de estos antecedentes; requiriendo se arbitre los medios a su
alcance a efectos de vigorizar el estricto contralor de los Funcionarios
judiciales mencionados en la presente, previniendo nichos de corrupción
en los que pueda participar personal judicial asociado con sectores policiales
y/o políticos.-
Aunque vencido los plazos legales
previstos normativamente para cualquier oposición a nombramientos judiciales que alcancen a alguno de los
mencionados antes; me remito a lo dispuesto en el Art 28 del Reglamento de la
Ley 11.868, en su parte pertinente:
“…ARTICULO 28°:
(Texto según Ley 13553) Procedimiento ulterior: Una vez que la Sala examinadora
dictamine sobre el desempeño de los concursantes en la prueba escrita, y se
hubieren reunido todos los demás elementos de juicio requeridos, el
Consejo evaluará los antecedentes y la actividad profesional cumplida y
entrevistará personalmente a cada uno de los concursantes con la finalidad de
apreciar su idoneidad, solvencia moral, equilibrio, madurez, conocimiento de la
realidad, sentido común, coherencia, creatividad, independencia de criterio,
imparcialidad, equidad, …compromiso con el cambio, con los intereses de la
comunidad, el respeto por las Instituciones democráticas y los derechos humanos.”
No es viable una verdadera República, con instituciones democráticas
sólidas; en tanto se permita la continuidad de redes delictivas en condiciones
de colonizar Gobiernos y someter
Pueblos.-
No seremos una sociedad viable, en tanto quienes tenemos deber legal de no
cubrir delitos, miremos para otro lado, nos asociemos o entablemos componendas
políticas. Una mala Administración de
Justicia tiene consecuencias directas, muchas veces, irreparable”.
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